13 Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal , 12 al 19 de abril 2015

Prevenir la criminalidad, clave para el desarrollo sostenible

Del 12 al 19 de abril de 2015 se realizó en Doha, Qatar, un congreso para hablar sobre la prevención de los delitos internacionales y la justicia penal.

 

El efecto de la delincuencia transnacional sobre el Desarrollo Sostenible

«La justicia y el estado de derecho también son fundamentales para el desarrollo. El estado de derechopromueve el crecimiento económico inclusivo y establece instituciones responsables que propugnan el desarrollo sostenible. El estado de derecho ayuda a que los servicios básicos – como la educación, la salud y el saneamiento – estén disponibles para todos. El estado de derecho faculta a los ciudadanos para hacer frente a las causas de la desigualdad y la exclusión subyacente.»

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon

La prevención del delito y el acceso a la justicia van de la mano con la erradicación de la pobreza y la ampliación del acceso a servicios de salud, educación, agua y energía. El 13º Congreso del Delito de las Naciones Unidas está explorando estos vínculos.

«Ha habido una creciente conciencia de que la debilidad del Estado de derecho y la falta de buena gobernabilidad plantean una grave amenaza para el desarrollo social y económico del mundo entero, y que han entorpecido el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio», dijo el Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yury Fedotov.

Para lograr el desarrollo sostenible, necesitamos contrarrestar los efectos desestabilizadores de la delincuencia y la violencia, con los esfuerzos de prevención del delito junto a las instituciones de justicia penal eficaces respaldados por los derechos humanos.

En los meses previos al 13º Congreso del Delito de las Naciones Unidas en abril de 2015, se han enfatizado diversas formas de delincuencia organizada transnacional para demostrar sus efectos perjudiciales y mostrar su impacto en la capacidad de las sociedades para desarrollarse de forma sostenible.

Es delito: la trata de personas

Es delito: la trata de personas

Es difícil evaluar la magnitud de la trata de personas en el mundo actual, pero sí se sabe que tiene un gran impacto en las mujeres y los niños. Una de cada tres víctimas detectadas de la trata de personas es un niño. Más de dos tercios de las víctimas detectadas en todo el mundo son mujeres y niñas.

La trata de personas por parte de bandas criminales organizadas devasta las vidas de las personas y socava los gobiernos y el Estado de Derecho.

Lea más sobre la trata de personas y lo que usted puede hacer al respecto.

Es delito: tráfico ilícito de migrantes

Es delito: tráfico ilícito de migrantes

Las personas en busca de una mejor vida -en su intento de escapar de la pobreza, la falta de oportunidades, los desastres naturales, la persecución y el conflicto- a menudo terminan en las manos de los contrabandistas con fines de lucro.

La migración es una fuerza positiva para el desarrollo. Sin embargo, cuando la migración se organiza de manera ilegal por parte de grupos criminales con fines de lucro, su efecto puede ser superado por el impacto negativo de la delincuencia organizada transnacional y la corrupción. Los migrantes ilegales son también menos propensos a enviar remesas a sus familias una vez que lleguen a su destino, lo que obstaculiza el desarrollo económico.

Miles de personas se han ahogado en el mar o perecido en desiertos mientras eran transportados ilegalmente. Según la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), al menos 218.000 personas intentaron cruzar el Mediterráneo en 2014, con una pérdida de 3.500 vidas.

Lea más Tráfico Ilícito de Migrantes y lo que usted puede hacer al respecto.

Es delito: La corrupción

Es delito: La corrupción

«La corrupción es el ladrón del desarrollo económico y social; que roba a la gente común las oportunidades para progresar y prosperar», dijo el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov.

La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social en todo el mundo. Pero no selimita a robar dinero de donde más se necesita; conduce a una gobernanza débil, que a su vez estimula los grupos delictivos organizados. Refrena el desarrollo, al desalentar la inversión, lo que socava las instituciones y contribuye a la inestabilidad. Los indigentes son los que más sufren, con los fondos públicos y la ayuda externa desviados lejos de proyectos vitales.

El Banco Mundial estima que entre US $ 20 y US $ 40 mil millones se pierden en los países en desarrollo cada año a causa de la corrupción.

Lea más sobre la corrupción y lo que usted puede hacer al respecto.

Es delito: la ciberdelincuencia

Es delito: la ciberdelincuencia

A medida que Internet ha crecido y se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas, los delincuentes se han aprovechado. La delincuencia cibernética es una de las formas de más rápido crecimiento de la delincuencia organizada transnacional.

Los ataques cibernéticos y otras formas de ciberdelincuencia prosperan en los países donde hay menor desarrollo, sobre todo cuando los países carecen de fondos o de la capacidad para hacer frente a la delincuencia; y los grupos criminales transnacionales bien organizados ganan lucrativos ingresos aprovechándose de una reglamentación débil y de vacíos legales.

La delincuencia Cibernética ha crecido rápidamente convirtiéndose en un negocio que puede superar los US $ 3,0 billones de dólares al año.

Lea más sobre la ciberdelincuencia y lo que usted puede hacer al respecto.

Es delito: Delitos contra la vida silvestre

Es delito: Delitos contra la vida silvestre

Enormes ganancias se están lucrando con los delitos forestales y contra la vida silvestre que no sólo está teniendo un efecto devastador en la vida silvestre y los bosques, sino también en las personas y sus medios de vida.

Los delitos forestales y contra la vida silvestre socavan los esfuerzos de las comunidades rurales y los pueblos indígenas para administrar sus recursos naturales de manera sostenible. Las comunidades vulnerables son explotadas por los delincuentes y pueden verse involucradas debido a su precaria situación económica.

El valor total del comercio ilegal de productos derivados de la madera, por lo general desde y dentro de Asia Oriental y el Pacífico, vale aproximadamente US $ 17 mil millones. El comercio ilícito de fauna silvestre está generando más de US $ 2,5 mil millones del Este de Asia y el Pacífico solamente.

Lea más sobre los delitos contra la vida silvestre y lo que usted puede hacer al respecto.

«No hay paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz, y no hay paz duradera o desarrollo sostenible sin el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho»

El Secretario General Ban Ki-moon

Para los ciudadanos de todas partes la protección contra la delincuencia y la violencia tiene la máxima prioridad.

Las actividades delictivas socavan la autoridad del Estado ya que fomentan la corrupción y causan daños a la economía legítima. Esto tiene repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos, en particular de los pobres, las mujeres y los niños. La existencia de sistemas de justicia penal eficaces y el respeto del estado de derecho son esenciales para lograr el desarrollo sostenible.

En un mundo interconectado y globalizado el carácter transnacional de la delincuencia es uno de los principales desafíos que enfrentan los países.

Del 12 al 19 de abril de 2015, Qatar será el anfitrión del 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que se celebrará en Doha y congregará a gobiernos, encargados de la formulación de políticas y expertos para que intercambien experiencias e intensifiquen la cooperación internacional en la lucha contra la amenaza de la delincuencia organizada transnacional.

La comunidad internacional sigue examinando la Agenda para el Desarrollo después de 2015 y, en ese sentido, el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal examinará la mejor manera de integrar la prevención del delito y la justicia penal en la agenda más amplia de las Naciones Unidas. El Congreso se centrará en los vínculos entre la seguridad, la justicia y el estado de derecho, y en el logro de un mundo mejor y más equitativo.

Como ha dicho el Sr. Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los ciudadanos aspiran a librarse de la amenaza de la delincuencia, la violencia, la corrupción y la inseguridad: «Esta aspiración humana básica encuentra su manifestación en el reconocimiento cada vez más extendido en la comunidad internacional de que la delincuencia no es simplemente un problema social sino que constituye un obstáculo grave para lograr el desarrollo sostenible.»

Noticias

UNODC presenta iniciativa para el combate a terroristas extranjeros

26.03.2015 La creciente participación de individuos como combatientes terroristas extranjeros en varios conflictos armados se ha convertido en una peligrosa amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Más noticias Disponible en inglés

Campaña «¡Es delito!»

Los delitos contra la Vida Silvestre

El comercio ilegal de fauna y flora silvestres está aumentando y las redes de crimen organizado obtienen grandes beneficios, similares a los derivados del tráfico de drogas y de armamento, y de la trata de personas. La pérdida de fauna y flora afecta nuestro futuro bienestar. Estas redes matan a muchos animales con el propósito de vender partes de su cuerpo. También cortan árboles y destruyen bosques enteros para hacer muebles y otros productos de madera. Estos crímenes tienen un impacto global si bien el comercio ilícito afecta principalmente a las regiones de África y Asia.

 

 

https://www.un.org/es/events/crimecongress2015/index.shtml

En el Congreso, los países miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de Doha:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V15/021/23/PDF/V1502123.pdf?OpenElement

Proyecto de Declaración de Doha sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas para abordar los problemas sociales y económicos y promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional, así como la participación pública

 Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros y Representantes de los Estados Miembros, Habiéndonos reunido en el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en Doha, del 12 al 19 de abril de 2015, para reiterar nuestro compromiso común de defender el estado de derecho y prevenir y combatir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones, en los planos nacional e internacional; garantizar que nuestros sistemas de justicia penal sean eficaces, imparciales, humanos y responsables; facilitar el acceso a la justicia para todos; crear instituciones eficaces, responsables, imparciales e inclusivas a todos los niveles, y sustentar el principio de la dignidad humana y la observancia y respeto universales de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,

A tal efecto, declaramos lo siguiente:

1. Reconocemos el legado de 60 años y la importante función que siguen desempeñando los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, que son uno de los foros internacionales más amplios y diversos para el intercambio de opiniones y experiencias en materia de investigación y elaboración de leyes, políticas y programas entre los Estados, las organizaciones intergubernamentales y los expertos que, a título individual, representan a diversas profesiones y disciplinas, con miras a detectar las tendencias y cuestiones que se están perfilando en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. Reconocemos las singulares e importantes contribuciones de los congresos a la elaboración de leyes y políticas, así como a la determinación de nuevas tendencias y cuestiones relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal.

2. Reafirmamos el carácter intersectorial de las cuestiones relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal y la consiguiente necesidad de incorporar esas cuestiones en el programa más amplio de las Naciones Unidas, a fin de mejorar la coordinación en todo el sistema. Aguardamos con interés las contribuciones futuras de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal con respecto a la formulación y aplicación de políticas y programas de prevención del delito y justicia penal nacionales e internacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones de los congresos y basándose en ellas.

3. Reconocemos la importancia de los sistemas de prevención del delito y justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables y de las instituciones que los integran en cuanto que componentes centrales del estado de derecho. Nos comprometemos a adoptar enfoques holísticos y amplios para combatir la delincuencia, la violencia, la corrupción y el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y a velar por que esas respuestas se pongan en práctica de manera coordinada y coherente, junto con medidas o programas más amplios de desarrollo social y económico, erradicación de la pobreza, respeto de la diversidad cultural y paz e inclusión sociales.

4. Reconocemos que el desarrollo sostenible y el estado de derecho están estrechamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Por consiguiente, acogemos con beneplácito el proceso intergubernamental inclusivo y transparente de la agenda para el desarrollo después de 2015, cuya finalidad es formular objetivos mundiales de desarrollo sostenible que deberá acordar la Asamblea General, y reconocemos que las propuestas del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán la base principal para V.15-02123 3 A/CONF.222/L.6 incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda para el desarrollo después de 2015, reconociendo que se considerarán también otras aportaciones. En ese contexto, reiteramos la importancia para el desarrollo sostenible de promover sociedades pacíficas, sin corrupción e inclusivas, haciendo hincapié en un enfoque centrado en las personas que proporcione acceso a la justicia para todos y cree instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

5. Reafirmamos nuestro compromiso y firme voluntad política en apoyo de los sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables y de las instituciones que los integran, y alentamos la participación efectiva y la inclusión de todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá crear las condiciones necesarias para promover el programa más amplio de las Naciones Unidas, respetando plenamente al mismo tiempo los principios de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y reconociendo la responsabilidad de los Estados Miembros de defender la dignidad humana y todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, en particular las afectadas por la delincuencia y las que estén en contacto con el sistema de justicia penal, incluidos los miembros vulnerables de la sociedad, independientemente de su condición, que podrían ser objeto de formas múltiples y agravadas de discriminación, y prevenir y combatir la delincuencia motivada por la intolerancia o la discriminación de toda índole.

A tal efecto, procuramos:

a) Aprobar políticas y programas nacionales amplios e inclusivos en materia de prevención del delito y justicia penal que tengan plenamente en cuenta las pruebas y otros factores pertinentes, incluidas las causas profundas de la delincuencia, así como las condiciones que la propician, de conformidad con las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional y tomando en consideración las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, garantizar la formación apropiada de los responsables de salvaguardar el estado de derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

b) Garantizar el derecho de todas las personas a un juicio justo sin dilaciones indebidas ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido conforme a la ley, a la igualdad de acceso a la justicia con las debidas garantías procesales y, de ser necesario, a recibir la asistencia de un abogado y un intérprete, y garantizar los derechos pertinentes en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares1; actuar con la debida diligencia para prevenir y combatir los actos de violencia, y adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales eficaces para prevenir, perseguir y sancionar todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y eliminar la impunidad;

c) Someter a examen y reformar las políticas de asistencia jurídica para ampliar el acceso a una asistencia jurídica eficaz en las actuaciones penales de quienes carecen de medios suficientes o cuando el interés de la justicia así lo exija, incluso, de ser necesario, mediante la elaboración de planes nacionales en ese ámbito, y crear capacidad para prestar asistencia jurídica eficaz y garantizar el acceso a dicha asistencia en todos los asuntos y en todas sus formas, teniendo en cuenta los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal2;

d) Hacer cuanto esté a nuestro alcance para prevenir y combatir la corrupción, y aplicar medidas encaminadas a aumentar la transparencia en la administración pública y promover la integridad y la rendición de cuentas de nuestros sistemas de justicia penal, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

e) Incorporar las cuestiones relativas a los niños y los jóvenes en nuestras iniciativas de reforma de la justicia penal, reconociendo la importancia de proteger a los niños contra todas las formas de violencia, explotación y abusos, en consonancia con las obligaciones que incumben a las partes en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos, y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal6; así como formular y aplicar políticas de justicia amplias adaptadas a las necesidades de los niños y centradas en el interés superior del niño, en consonancia con el principio de que la privación de libertad de un menor ha de ser una medida que solo debe aplicarse como último recurso y durante el período más breve posible, a fin de proteger a los niños que están en contacto con el sistema de justicia penal, así como a los niños que se encuentran en cualquier otra situación que requiera procedimientos judiciales, en particular en relación con su tratamiento y reinserción social. A este respecto, aguardamos con interés los resultados del estudio mundial sobre los niños privados de libertad;

f) Incorporar la perspectiva de género en nuestros sistemas de justicia penal mediante la formulación y aplicación de estrategias y planes nacionales para promover la protección plena de las mujeres y las niñas contra todos los actos de violencia, en particular el asesinato de mujeres y niñas por razones de género, de conformidad con las obligaciones que incumben a las partes en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer7 y su Protocolo Facultativo8, y teniendo en cuenta las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal9 y las resoluciones de la Asamblea General sobre el asesinato de mujeres y niñas por razones de género;

g) Promover medidas con perspectiva de género como parte integrante de nuestras políticas de prevención del delito, justicia penal y tratamiento del delincuente, en particular la rehabilitación y reinserción en la sociedad de las mujeres delincuentes, tomando en consideración las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes10;

h) Formular y aplicar estrategias y planes nacionales apropiados y eficaces para el adelanto de la mujer en los sistemas de justicia penal y las instituciones en los niveles directivos y de gestión, entre otros; i) Promover la igualdad ante la ley de todas las personas, incluida la igualdad entre los géneros, en lo que respecta a las personas que pertenecen a grupos minoritarios y a los pueblos indígenas mediante, entre otras cosas, un enfoque amplio en el que participen otros sectores estatales, los miembros de la sociedad civil pertinentes y los medios de comunicación y la promoción de la contratación en las instituciones de justicia penal de personas pertenecientes a esos grupos;

j) Aplicar y mejorar políticas penitenciarias centradas en la educación, el trabajo, la atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia, y considerar la posibilidad de formular y fortalecer políticas de apoyo a las familias de los reclusos, así como promover y alentar el uso de medidas sustitutivas del encarcelamiento, cuando proceda, y someter a examen o reformar nuestros procesos de justicia restaurativa y de otro tipo a fin de que la reinserción sea satisfactoria;

k) Intensificar nuestros esfuerzos por hacer frente al problema del hacinamiento en las cárceles mediante reformas apropiadas de la justicia penal que deberían incluir, cuando proceda, una revisión de las políticas penales y las medidas prácticas para reducir la prisión preventiva, fomentar la utilización de las sanciones no privativas de libertad y mejorar el acceso a la asistencia jurídica en la medida de lo posible;

l) Adoptar medidas eficaces de reconocimiento, protección y prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y los testigos en el marco de las respuestas de la justicia penal a todos los delitos, incluidos la corrupción y el terrorismo, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes y tomando en consideración las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal;

m) Aplicar un enfoque orientado a las víctimas para prevenir y combatir todas las formas de trata de personas con fines de explotación, entre ellas la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, cuando proceda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y teniendo en cuenta el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, y colaborar, según sea necesario, con las organizaciones regionales, internacionales y de la sociedad civil a fin de superar los obstáculos que puedan impedir que se preste asistencia social o asistencia jurídica a las víctimas de la trata;

n) Aplicar medidas eficaces para proteger los derechos humanos de los migrantes objeto de tráfico, en particular las mujeres y niños, y los niños migrantes no acompañados, de conformidad con las obligaciones que incumben a las partes en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, en que se dispone que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al Protocolo únicamente por el hecho de haber sido objeto de tráfico ilícito, y otros instrumentos internacionales pertinentes, y hacer cuanto esté a nuestro alcance para evitar que se sigan perdiendo vidas y llevar a los autores ante la justicia;

o) Aplicar medidas eficaces para eliminar la violencia contra los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias, y adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias para prevenir y combatir los delitos que entrañen violencia contra esos grupos;

p) Realizar nuevas investigaciones y reunir datos sobre la victimización motivada por la discriminación de toda índole e intercambiar experiencias e información sobre leyes y políticas eficaces que puedan prevenir esos delitos, llevar a sus autores ante la justicia y prestar apoyo a las víctimas; q) Considerar la posibilidad de impartir capacitación especializada a los profesionales de la justicia penal a fin de aumentar su capacidad para reconocer, entender, reprimir e investigar los delitos motivados por prejuicios que se originen en la discriminación de toda índole, a fin de ayudar a establecer un diálogo eficaz con las comunidades que son víctimas de esos delitos y aumentar la confianza de la población en las instituciones públicas y la cooperación con los organismos de justicia penal;

r) Redoblar nuestros esfuerzos en los planos nacional e internacional por eliminar todas las formas de discriminación, como el racismo, la intolerancia religiosa, la xenofobia y la discriminación por motivos de género, entre otras cosas mediante la creación de conciencia, la elaboración de materiales y programas educativos y, cuando proceda, la elaboración y aplicación de leyes contra la discriminación;

s) Prevenir y combatir, mediante procedimientos internos apropiados para identificar casos y tramitarlos de manera oportuna, los actos de violencia que estén dentro de nuestra jurisdicción cometidos contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación, cuyas obligaciones profesionales a menudo los exponen a riesgos concretos de intimidación, acoso y violencia, en particular a manos de grupos delictivos organizados y terroristas, y en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, y asegurar la rendición de cuentas por medio de la realización de investigaciones imparciales, prontas y eficaces, de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional aplicable;

t) Fortalecer la elaboración y utilización de instrumentos y métodos dirigidos a aumentar la disponibilidad y calidad de la información estadística y los estudios analíticos sobre la delincuencia y la justicia penal en el plano internacional, con el fin de medir y evaluar mejor las repercusiones de las respuestas a la delincuencia y aumentar la eficacia de los programas de prevención del delito y justicia penal en los planos nacional, regional e internacional.

6. Acogemos con beneplácito la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta encargado del examen de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y tomamos nota del proyecto de actualización de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, al que dio forma definitiva el Grupo de Expertos en la reunión que celebró en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 2 al 5 de marzo de 2015, y aguardamos con interés que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal examine el texto revisado y adopte medidas al respecto.

7. Ponemos de relieve que la educación para todos los niños y jóvenes, incluida la erradicación del analfabetismo, es fundamental para prevenir la delincuencia y la corrupción y promover una cultura de legalidad que propugne el estado de derecho y los derechos humanos y respete al mismo tiempo la identidad cultural. Destacamos también a ese respecto el papel fundamental de la participación de los jóvenes en las iniciativas de prevención del delito.

Por lo tanto, procuramos:

a) Crear un entorno de aprendizaje seguro y positivo en las escuelas, con el apoyo de la comunidad, incluso protegiendo a los niños contra todas las formas de violencia, hostigamiento, acoso escolar, abusos sexuales y uso indebido de drogas, de conformidad con las leyes nacionales;

b) Incorporar la prevención del delito, la justicia penal y otros aspectos del estado de derecho en nuestros sistemas educativos nacionales;

c) Incorporar estrategias de prevención del delito y justicia penal en todas las políticas y programas sociales y económicos pertinentes, en particular los que afectan a la juventud, con especial hincapié en los programas centrados en la ampliación de las oportunidades de educación y empleo para jóvenes y adultos jóvenes;

d) Facilitar el acceso a la educación para todos, incluidas las aptitudes técnicas y profesionales, así como promover las aptitudes de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.

8. Procuramos fortalecer la cooperación internacional como piedra angular de los esfuerzos dirigidos a mejorar la prevención del delito y asegurar que nuestros sistemas de justicia penal sean eficaces, imparciales, humanos y responsables y, a la larga, prevenir y combatir todos los delitos. Alentamos a los Estados partes a que apliquen y utilicen de manera más eficaz la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y los tratados y protocolos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo, e instamos a todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar esos instrumentos o de adherirse a ellos. Subrayamos que las medidas que se adopten para combatir el terrorismo deberán respetar todas las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional.

Procuramos seguir intensificando la cooperación internacional para poner fin a la explotación sistemática de un gran número de personas obligadas por la fuerza o mediante coacción a llevar una existencia de abusos y tratos degradantes. Por lo tanto, nos esforzamos por:

a) Promover y fortalecer la cooperación internacional y regional con el fin de seguir desarrollando la capacidad de los sistemas de justicia penal nacionales, en particular mediante iniciativas de modernización y fortalecimiento de la legislación nacional, según proceda, así como actividades conjuntas de capacitación y de perfeccionamiento de las aptitudes de los funcionarios de los sistemas de justicia penal, en particular para favorecer el establecimiento de autoridades centrales de cooperación internacional en asuntos penales firmes y eficaces en ámbitos como la extradición, la asistencia judicial recíproca, la remisión de actuaciones penales y el traslado de personas condenadas a cumplir una pena, y celebrar, cuando proceda, acuerdos de cooperación bilaterales y regionales, y seguir desarrollando redes especializadas de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, autoridades centrales, fiscales, jueces, abogados defensores y proveedores de asistencia jurídica para intercambiar información y buenas prácticas y conocimientos especializados, incluso, cuando proceda, mediante la promoción de una red virtual mundial para fomentar, en lo posible, el contacto directo entre las autoridades competentes a fin de intensificar el intercambio de información y la asistencia judicial recíproca, logrando un aprovechamiento óptimo de las plataformas de información y comunicación;

b) Seguir apoyando la ejecución de programas de fomento de la capacidad y actividades de capacitación de los funcionarios de la justicia penal que tengan por objeto prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en consonancia con los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso en lo tocante a la cooperación internacional en asuntos penales, la financiación del terrorismo, la utilización de Internet con fines terroristas, la destrucción del patrimonio cultural por parte de terroristas y el secuestro para obtener rescate o con fines de extorsión, y hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo, y cooperar, así como abordar, analizar más a fondo y determinar los ámbitos más indicados para realizar acciones conjuntas mediante, entre otras cosas, el intercambio eficaz de información, experiencias y mejores prácticas, para hacer frente a los vínculos existentes, crecientes o posibles, en algunos casos, entre la delincuencia organizada transnacional, las actividades ilícitas relacionadas con las drogas, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, a fin de mejorar las respuestas de la justicia penal a esos delitos;

c) Adoptar medidas eficaces en los planos nacional e internacional para impedir que los grupos terroristas se beneficien del pago de rescates; d) Fortalecer la cooperación en los planos internacional, regional, subregional y bilateral para enfrentar la amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros, entre otras cosas mediante la intensificación del intercambio de información operacional y oportuna, el apoyo logístico, según proceda, y las actividades de fomento de la capacidad, como las que realiza la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, a fin de intercambiar y adoptar mejores prácticas para identificar a los combatientes terroristas extranjeros, impedir el viaje de combatientes terroristas extranjeros desde y hacia los Estados Miembros o a través de ellos; impedir la financiación, movilización, captación y organización de combatientes terroristas extranjeros; combatir el extremismo violento y la radicalización conducente a la violencia, que pueden desembocar en terrorismo,  intensificar nuestra labor para ejecutar programas contra la radicalización y velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas o preste apoyo a esos actos, en cumplimiento de las obligaciones previstas en el derecho internacional y conforme a la legislación interna en vigor;

e) Aplicar medidas eficaces para detectar, prevenir y combatir la corrupción, así como la transferencia al extranjero y el blanqueo de activos procedentes de la corrupción, e intensificar la cooperación internacional y la asistencia a los Estados Miembros para la identificación, el embargo preventivo o la incautación de esos activos, así como para su recuperación y restitución, conforme a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en particular su capítulo V, y a ese respecto seguir examinando modalidades innovadoras para mejorar la asistencia judicial recíproca, a fin de agilizar los procedimientos de recuperación de activos y darles más eficacia, aprovechando para ello la experiencia y los conocimientos acumulados en la aplicación de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

f) Formular estrategias para prevenir y combatir todas las corrientes financieras ilícitas y poner de relieve la necesidad urgente de adoptar medidas más eficaces para luchar contra los delitos económicos y financieros, incluido el fraude, así como los delitos fiscales y de empresa, especialmente en sus dimensiones transnacionales pertinentes;

g) Adoptar procedimientos o, según proceda, reforzar los existentes para prevenir y combatir más eficazmente el blanqueo de dinero, y fortalecer las medidas para identificar, localizar, embargar preventivamente, incautar y recuperar el producto del delito, incluido el dinero y otros activos que no hayan sido contabilizados y que se hallen depositados en refugios seguros, a efectos de su eventual decomiso -incluido, cuando proceda y conforme a la legislación interna, el decomiso sin condena- y la disposición transparente de los activos decomisados;

h) Elaborar y aplicar mecanismos adecuados para gestionar y preservar el valor y el estado de los bienes embargados preventivamente, incautados o decomisados que sean producto del delito, así como fortalecer la cooperación internacional en asuntos penales y estudiar el modo de prestarse una cooperación similar en los procedimientos civiles y administrativos para fines de decomiso;

i) Adoptar medidas apropiadas para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas y a quienes hayan sido objeto de esos delitos, mediante todos los recursos jurídicos y administrativos necesarios conforme a los respectivos protocolos, según corresponda, y la intensificación de la cooperación y coordinación entre organismos a nivel nacional, así como una cooperación bilateral, regional y multilateral más estrecha;

j) Al investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, estudiar la posibilidad de realizar paralelamente investigaciones financieras con miras a localizar, embargar preventivamente y decomisar el producto de esos delitos y de tipificar esos delitos como delitos determinantes del blanqueo de dinero, reforzar la coordinación y el intercambio de información entre los organismos pertinentes;

k) Elaborar y adoptar, según proceda, medidas eficaces para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como de explosivos, entre otras cosas mediante campañas de sensibilización orientadas a eliminar la utilización ilícita de armas de fuego y la fabricación ilícita de explosivos; alentar a los Estados partes en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a que fortalezcan la aplicación del Protocolo, entre otras cosas estudiando la posibilidad de utilizar los instrumentos disponibles, incluidas las tecnologías de marcación y registro, para facilitar la localización de armas de fuego y, cuando sea posible, de sus piezas y componentes y municiones, a fin de mejorar las investigaciones penales del tráfico ilícito de armas de fuego; apoyar la ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos; y hacer notar las contribuciones de los instrumentos existentes respecto de estas cuestiones y otras conexas en los planos regional e internacional; l) Intensificar nuestros esfuerzos para hacer frente al problema mundial de las drogas, sobre la base del principio de la responsabilidad común y compartida y mediante un enfoque amplio y equilibrado, incluida una cooperación más eficaz en los planos bilateral, regional e internacional entre las autoridades judiciales y policiales, a fin de combatir la participación de grupos delictivos organizados en la producción y el tráfico de drogas ilícitas y las actividades delictivas conexas, y adoptar medidas para reducir la violencia concomitante al tráfico de drogas; m) Seguir estudiando todas las opciones en relación con la creación de uno o varios mecanismos apropiados y efectivos para ayudar a la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a examinar la aplicación de la Convención y sus Protocolos de manera eficaz y eficiente;

n) Invitar a los Estados Miembros a que, cuando estudien la posibilidad de preparar acuerdos con otros Estados, se basen en los tratados modelo de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional en asuntos penales, teniendo presente su utilidad como instrumentos importantes para fomentar la cooperación internacional, e invitar a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a que prosiga con su iniciativa para determinar los tratados modelo de las Naciones Unidas que tal vez deban actualizarse, sobre la base de las observaciones de los Estados Miembros. 9. Procuramos garantizar que los beneficios de los avances económicos, sociales y tecnológicos se conviertan en un factor positivo que dinamice nuestra labor para prevenir y combatir las formas nuevas y emergentes de delincuencia. Reconocemos nuestra responsabilidad de afrontar correctamente las nuevas y cambiantes amenazas que plantean esos delitos. Así pues, nos esforzamos por:

Preparar y ejecutar respuestas amplias en materia de prevención del delito y justicia penal, incluso reforzando la capacidad de nuestras instituciones judiciales y policiales, y adoptar, cuando sea necesario, medidas legislativas y administrativas para prevenir y combatir eficazmente las formas nuevas, emergentes y cambiantes de delincuencia en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en lo que respecta a los “delitos graves”, y con arreglo a la legislación nacional;

b) Estudiar medidas concretas destinadas a crear un entorno cibernético seguro y resistente; prevenir y combatir las actividades delictivas realizadas por Internet, prestando especial atención a la detección del robo, la captación de personas con fines de trata y la protección de los niños contra la explotación y los abusos a través de Internet; reforzar la cooperación entre los organismos de aplicación de la ley en los planos nacional e internacional, incluso para identificar y proteger a las víctimas, entre otras cosas eliminando de Internet todo contenido pornográfico en que aparezcan menores, en particular imágenes de abusos sexuales contra niños; aumentar la seguridad de las redes informáticas y proteger la integridad de la infraestructura correspondiente, y procurar prestar asistencia técnica a largo plazo y crear capacidad a fin de que las autoridades nacionales puedan combatir con más eficacia la delincuencia cibernética, incluso mediante la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos en todas sus formas.

Además, observamos las actividades del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta encargado de realizar un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético y las respuestas de los Estados Miembros, la comunidad internacional y el sector privado ante ese fenómeno, e invitamos a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a que estudie la posibilidad de recomendar que el grupo de expertos, basándose en su propia labor, siga intercambiando información sobre legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional, con miras a examinar opciones para fortalecer las actuales respuestas y proponer nuevas respuestas jurídicas o de otra índole frente al delito cibernético a nivel nacional e internacional;

c) Reforzar y ejecutar respuestas amplias en materia de prevención del delito y justicia penal frente al tráfico ilícito de bienes culturales, con el fin de prestar la más amplia cooperación internacional posible para hacer frente a ese delito, y revisar y reforzar la legislación nacional para luchar contra el tráfico de bienes culturales, cuando proceda, de conformidad con los compromisos que hemos asumido en virtud de los instrumentos internacionales, incluida, según proceda, la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales17 de 1970, y teniendo en cuenta las Directrices Internacionales sobre las Respuestas de Prevención del Delito y Justicia Penal al Tráfico de Bienes Culturales y Otros Delitos Conexos18; seguir reuniendo e intercambiando información y datos estadísticos sobre el tráfico de bienes culturales, en particular el tráfico en que participen grupos delictivos organizados y organizaciones terroristas, y seguir examinando la posible utilidad y las mejoras del tratado modelo para la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de así como los principios y normas internacionales en esa esfera, en estrecha cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional de Policía Criminal y otras organizaciones internacionales competentes, con miras a asegurar la coordinación de la labor realizada en cumplimiento de sus respectivos mandatos;

d) Realizar nuevas investigaciones sobre los nexos entre la delincuencia urbana y otras manifestaciones de la delincuencia organizada en algunos países y regiones, incluidos los delitos cometidos por pandillas, así como intercambiar, entre los Estados Miembros y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, experiencias e información sobre programas y políticas eficaces en materia de prevención del delito y justicia penal, a fin de aplicar enfoques innovadores para reducir el impacto de la delincuencia urbana y la violencia relacionada con pandillas en determinadas poblaciones y lugares, fomentando la inclusión social y las posibilidades de empleo y procurando facilitar la reinserción social de los adolescentes y los adultos jóvenes;

e) Adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir el grave problema de los delitos que repercuten en el medio ambiente, como el tráfico de especies de fauna y flora silvestres, incluidas las protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres20, madera y productos de madera y desechos peligrosos, así como la caza furtiva, reforzando para ello la legislación, la cooperación internacional, la creación de capacidad, las respuestas de la justicia penal y las actividades de aplicación de la ley encaminadas, entre otras cosas, a combatir la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el blanqueo de dinero vinculado a esos delitos;

f) Garantizar que nuestras instituciones policiales y de justicia penal dispongan de los conocimientos especializados y la capacidad técnica necesarios para combatir adecuadamente esas formas nuevas y emergentes de delincuencia, en estrecha cooperación y coordinación entre sí, y prestar a esas instituciones el apoyo financiero y estructural que necesiten; g) Proseguir el análisis y el intercambio de información y prácticas relativas a otras formas de la delincuencia organizada transnacional en evolución y de diverso impacto en los planos regional y mundial, a fin de prevenir y combatir más eficazmente el delito y fortalecer el estado de derecho. Entre esos tipos de delincuencia pueden figurar, según el caso, el contrabando de petróleo y sus derivados, el tráfico ilícito de metales preciosos y piedras preciosas, las actividades ilícitas de minería, la falsificación de bienes de marca, el tráfico de órganos humanos, sangre y tejidos y la piratería y la delincuencia organizada transnacional en el mar.

Apoyamos la creación y aplicación de procesos consultivos y participativos en materia de prevención del delito y justicia penal, a fin de lograr la participación de todos los miembros de la sociedad, incluidos los que se hallan expuestos al riesgo de la delincuencia y la victimización, para dar más eficacia a nuestra labor de prevención y reforzar la confianza pública y la confianza en los sistemas de justicia penal. Reconocemos nuestra función de liderazgo y nuestra responsabilidad a todos los niveles en la elaboración y aplicación de estrategias de prevención del delito y políticas de justicia penal en los planos nacional y subnacional. Reconocemos también que, para aumentar la eficacia y la imparcialidad de esas estrategias, debemos adoptar medidas para garantizar la contribución de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas, incluida la red de institutos del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como los medios de comunicación, y todos los demás interlocutores pertinentes, en la formulación y aplicación de políticas de prevención del delito.

Así pues, procuramos:

a) Planificar y ejecutar políticas y programas amplios que fomenten el desarrollo socioeconómico, con especial atención a la prevención del delito, incluida la delincuencia urbana, y la violencia, y apoyar a otros Estados Miembros en esa labor, especialmente por medio del intercambio de experiencias e información pertinente sobre las políticas y los programas que hayan logrado reducir el delito y la violencia mediante políticas sociales;

b) Elaborar programas de creación de conciencia para transmitir valores fundamentales basados en el estado de derecho y respaldados por programas educativos, que deberán ir acompañados de políticas económicas y sociales que promuevan la igualdad, la solidaridad y la justicia, y captar la atención de los jóvenes a fin de contar con ellos como promotores de cambios positivos; c) Promover una cultura de la legalidad basada en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho y en el respeto de la identidad cultural, con especial hincapié en los niños y los jóvenes, solicitando el apoyo de la sociedad civil y reforzando nuestras iniciativas y medidas de prevención, orientadas a las familias, las escuelas, las instituciones religiosas y culturales, las organizaciones comunitarias y el sector privado, y aprovechar todo su potencial a fin de combatir los problemas sociales y económicos que son las causas profundas de la delincuencia;

d) Promover la gestión y solución de los conflictos sociales por medio del diálogo y de mecanismos de participación comunitaria, como la concienciación pública, la prevención de la victimización, el aumento de la cooperación entre las autoridades públicas competentes y la sociedad civil y la promoción de la justicia restaurativa; e) Aumentar la confianza pública en la justicia penal mediante la prevención de la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos, así como reforzando la competencia profesional y la supervisión en todos los sectores del sistema de justicia penal, garantizando así que este sea accesible y tenga en cuenta las necesidades y los derechos de todas las personas;

f) Estudiar la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones nuevas y tradicionales para elaborar políticas y programas destinados a reforzar la prevención del delito y la justicia penal, entre otros fines para detectar problemas de seguridad pública y fomentar la participación ciudadana;

 g) Promover la mejora de los sistemas de gobierno electrónico en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, con miras a aumentar la participación del público, y promover el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la cooperación y las alianzas entre la policía y las comunidades a las que presta sus servicios, así como intercambiar buenas prácticas e información sobre la policía de proximidad;

h) Fortalecer las alianzas público-privadas para prevenir y combatir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones; i) Garantizar que el contenido de las leyes sea accesible a los ciudadanos y promover, según corresponda, la transparencia de los procesos penales;

j) Instaurar prácticas y medidas, o aprovechar las existentes, para alentar a la población, especialmente las víctimas, a que denuncie incidentes delictivos y de corrupción y les dé seguimiento, y elaborar y aplicar medidas para proteger a denunciantes de irregularidades y testigos; k) Estudiar la posibilidad de crear asociaciones y apoyar iniciativas comunitarias y fomentar la participación activa de los ciudadanos en la labor destinada a garantizar el acceso a la justicia para todos, por ejemplo, informándolos sobre sus derechos, así como en la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, por ejemplo, creando oportunidades de servicio a la comunidad y apoyando la reinserción social y la rehabilitación de los delincuentes, y, a ese respecto, alentar el intercambio de mejores prácticas e información sobre políticas y programas de reinserción social y alianzas público-privadas pertinentes;

l) Alentar la participación activa del sector privado en la prevención del delito, así como en los programas de inclusión social y los planes de empleo para los miembros vulnerables de la sociedad, como las víctimas y los ex reclusos;

m) Crear y mantener capacidades para el estudio de la criminología, así como de las ciencias forenses y penitenciaras, y aprovechar los conocimientos científicos contemporáneos para elaborar y aplicar políticas, programas y proyectos pertinentes. . Al proseguir nuestra labor para lograr los objetivos enunciados en la presente Declaración, intensificar la cooperación internacional, defender el estado de derecho y garantizar que nuestros sistemas de prevención del delito y justicia penal sean eficaces, imparciales, humanos y responsables, reafirmamos la importancia de contar con políticas y programas de asistencia técnica y fomento de la capacidad adecuados, duraderos, sostenibles y eficaces. Así pues, nos esforzamos por:

a) Seguir aportando financiación suficiente, estable y previsible para apoyar la formulación y ejecución de programas eficaces destinados a prevenir y combatir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones, cuando lo soliciten los Estados Miembros y con arreglo a una evaluación de sus necesidades y prioridades específicas y en estrecha colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; b) Invitar a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la red de institutos del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y todas las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes a que, en cumplimiento de sus mandatos, sigan coordinándose y cooperando con los Estados Miembros para ofrecer respuestas eficaces a los problemas que se afrontan en los planos nacional, regional y mundial, así como para aumentar la eficacia de la participación pública en la prevención del delito y la justicia penal, entre otras cosas mediante la preparación de estudios y la elaboración y ejecución de programas.

Reafirmamos que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito sigue siendo un asociado indispensable para el cumplimiento de nuestras aspiraciones en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal y para la aplicación de lo dispuesto en la presente Declaración. 13. Acogemos con aprecio el ofrecimiento del Gobierno del Japón de acoger el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en 2020. 14. Expresamos nuestro profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno de Qatar por su cálida y generosa hospitalidad y por las excelentes instalaciones puestas a disposición del 13º Congreso.

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